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El gran pollo autonómico

Se ha armado el gran pollo autonómico

El pasado mes de octubre de 2017 los dirigentes autonómicos de Cataluña declararon solemnemente en el parlamento regional la secesión de esta región del resto de España y su entrada en un proceso constituyente (el prusés) que iba a desembocar en la naciente república catalana. Todo este desarrollo estuvo enmarcado por el engaño y la burla al Estado, del que se sigue requiriendo financiación para la deuda regional, mientras por otro lado se ha venido negociando con poderes extranjeros de diverso nivel los apoyos a la secesión e incluso la defensa mercenaria de la hipotética nueva república (incluida, se supone, la defensa contra España). Todo esto es, en definitiva, el final desternillante y exagerado, pero no sin cierta lógica macabra, de una dinámica centrífuga y nefasta que las oligarquías regionales por activa y el propio Estado por pasiva, iniciaron desde el momento mismo en el que entró en vigor la Constitución de 1978 y arrancó su andadura el Estado de las Autonomías. El resumen de la situación creada se concreta muy bien en el comentario del ex-unurapla, por ahora prófugo de la justicia en Bruselas, que dijo que España tenía: «un pullastre de cullons», o sea, un pollo de cojones. Efectivamente, España tiene montado un pollo de cojones que se llama El gran pollo autonómico.

El gran pollo autonómico es un pullastre de cullons
El gran pollo autonómico es un pullastre de cullons

Esta curiosa forma de organizar la administración del Estado, desgajándolo en poderes territoriales, supuso un engorde tremendo del magro y centralizado Estado que heredamos del franquismo. La partición en unidades territoriales regionales a modo de un Estado federal, pero sin federar, y con un gobierno central que supuestamente vigila y tutela, pero sin tutelar, y la jefatura del Estado en manos de un rey simbólico, que apenas tiene poderes para nada, fue la salida que los «padres de la Constitución» encontraron para contentar a casi todos, desde la derecha moderada hasta el PCE, y empezar un camino muy difícil en el que fuerzas reaccionarias por un lado (23-F), y las revolucionarias, separatistas y terroristas por otro (GRAPO, ETA, Terra Lliure) amenazaban la paz y el sosiego.

Educación contra España

Superados algunos momentos delicados y virtualmente derrotados todos los terrorismos (hoy ya incluida también ETA, esperemos), pareció que llegábamos por fin a la deseada estabilidad institucional cuando en 1996 la derecha ganaba las elecciones y se producía una suave transición de poder. Pero pronto se puso de manifiesto que había un problema de colosales dimensiones que crecía de forma larvada, especialmente en Cataluña y el País Vasco, y que se contagiaba a otras regiones como Navarra, Islas Baleares, Galicia, o Valencia. Gobernadas con criterios soberanistas por encima de cualquier otra cosa, y sacando ventaja de la dejación del Estado por las necesidades de apoyos en el parlamento nacional, Cataluña y el País Vasco han aprovechado todos los años de la democracia y las competencias transferidas, para forzar la exclusión de lo español de todos los ámbitos administrativos de sus regiones. El problema es especialmente grave en educación, donde además se ha hecho una siembra de odio contra el Estado, contra España, que ahora figura en la mente de muchos vascos y catalanes como un invasor. Manipulación de la historia, falseamiento de los datos, identificación de todo lo malo con España, victimismo quejicoso de carácter particularista e hinchazón de una estructura administrativa regional y anti-española que ha derivado en el absurdo de ver como el cuerpo de policía catalana llamado mozos de escuadra está siendo investigado por su actuación en el referendum ilegal del pasado 1 de octubre de 2017.

Además del congreso o parlamento nacional y del senado nacional, que se supone que es la cámara de representación territorial, y de un ejecutivo central con su presidente, ministros y secretarios, y antes de llegar a la administración local, o sea los ayuntamientos, el contribuyente español financia hoy otros diecisiete parlamentos regionales, que a imitación del central también tienen un presidente, y unos consejeros, con secretarios, subsecretarios y el resto de cargos de libre designación. Todo esto ocurre sin que nadie, a fecha de hoy, haya dado una explicación convincente de los beneficios que tiene para un castellano-manchego que exista algo tan ridículo como un Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, aparte, como diría Antonio Ozores, del puesto de trabajo que supone para el propio presidente.

La película «Los autonómicos» fue un brillante anticipo de lo que estamos viviendo
La película «Los autonómicos» fue un brillante anticipo de lo que hoy estamos viviendo

Yo tenía nueve años cuando murió Franco y en los años siguientes a 1978 viví la adolescencia en un pequeño pueblo de Cuenca en el que al único que vi demostrar entusiasmo por la nueva comunidad autónoma, con gritos de ¡Viva Castilla-La Mancha! era al tonto del pueblo. Y digo tonto del pueblo con el respeto que lo decimos los que nos hemos criado en un pueblo y hemos convivido con ellos, sabiendo que aunque muchos se hacen los tontos, de tontos no tienen ni un pelo. En el curso de mi vida he podido comentar esto con otros españoles, de Extremadura, de La Rioja, de Asturias, y curiosamente, varios me han comentado la misma circunstancia: inicialmente los más entusiastas de estas estructuras autonómicas eran los tontos de los pueblos de España. Pero dejemos esto como una cosa anecdótica de mi experiencia vital intransferible y, si acaso, como una concesión al gran Camilo José Cela y su interés por la filosofía de los tontos de pueblo.

El maltrato al idioma español

En Cataluña y en el País Vasco, donde las oligarquías regionales se han enriquecido durante generaciones con el trato de favor que permitió la industrialización, inversiones preferentes, aranceles y en ese plan, se han aprovechado los años de democracia para cimentar lo que ahora es una fortaleza formidable de descomposición, vampirización y debilitación del Estado. Esta fortaleza no pretende el mejor autogobierno, como antes se aseguraba falazmente, sino solo la secesión, como ha demostrado el reciente órdago en Cataluña. Todas las transferencias recibidas de la administración central desde 1978 son ahora, ¡en España! cotos cerrados a lo español y especialmente al idioma español, al que ya se le hace mofa hasta en los telediarios nacionales, con presentadores adoctrinados que hurtan la pronunciación española de Gerona, Lérida, La Coruña, Fuenterrabía y otros lugares, pero cuando hablan de Londres o Nueva York, no dicen «láandan» ni «niu-yok». Todo esto ocurre, insisto, por activa de las oligarquías regionales y por pasiva de las centrales, que ante el reciente desafío en Cataluña y la aplicación del artículo 155 han tenido buen cuidado de no rozar siquiera las consolidadas redes de propaganda en los medios y adoctrinamiento en las aulas. Esto viene a sembrar la sospecha de que, en el fondo, la clase política en general está cómoda con la gangrena permanente de la amenaza secesionista, un mal que durante los últimos 40 años se ha llevado las mejores energías del país.

Síntomas de gangrena autonómica sienten ahora muchos españoles obligados a vivir pendientes de las ocurrencias, amenazas, mentiras, burlas y del racismo que exhibe el secesionismo catalán y disimula como puede el vasco. Pero gangrena es, sin duda, la multiplicidad de cargos públicos regionales y puestos de libre designación para el bolsillo del contribuyente, que en lugar de vivir en una nación de ciudadanos libres e iguales está obligado a sufrir el tongo autonómico, con fueros, cupos, mosos, erchainas, lendacaris y unuraplas. Y no se crean que esto termina en Cataluña y el País Vasco. No se me olvida que allá por el año 2010 leí asombrado en el boletín del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, al que pertenezco, el nombramiento de una compañera ingeniera de caminos para las relaciones de la Región de Murcia con las Comunidades Europeas. ¡Apaga y vámonos!

La única excusa válida que algunos son capaces de poner para la existencia de la administracion autonómica es la cercanía al ciudadano y la mejora que ciertos nucleos rurales han experimentado en sus dotaciones sociales: centros de salud, escuelas…como si eso no lo pudiera hacer un gobierno central eficaz, y unos diputados por provincias, y unos senadores por provincias, y unas, por ejemplo, diputaciones provinciales bien dotadas. ¿Y las lenguas regionales? Sí, claro. Que se las fomente y se las cuide. Pero que no se usen para cercenar derechos al español en las administraciones de media España y para preparar el terreno y el espíritu social para la secesión.

Sufrir las autonomías

La historia, que se mueve por ciclos, parece haberle cogido el gusto a eso de ponerle trampas a esta nación llamada España. Desde hace mucho tiempo no nos trae alegría que no venga unida a una profunda decepción. Vivimos, y viviremos sin remedio durante mucho, en una nación de ciudadanos desiguales, sometidos, de acuerdo a su lugar de residencia, a fueros, cupos, modelos educativos excluyentes, impuestos diferentes, sueldos diferentes, ocurrencias administrativas, discriminación por raza y procedencia, y eche usted. En el fondo del paquete del regalo que contenía la Constitución de 1978, los «padres fundadores» nos legaron, con la mejor intención, no lo dudo, un frasco de veneno que se llama Estado de las Autonomías. Si es verdad, como tanto se dice, que la transición española es un modelo estudiado en otros países como ejemplo de paso de dictadura a democracia, también debería estudiarse su resultado a cuatro décadas: el gran pollo autonómico. O dicho en otras palabras: la historia de cómo las oligarquías regionales malintencionadas y rapaces se aprovechan del potencial centrífugo de la descentralización y manipulan el uso de las lenguas regionales para programar a dos generaciones de españoles vascos y catalanes (y navarros, y valencianos, y gallegos, y baleares, y…) en el odio a España, en la diferencia particular, y para destrozar la única estructura que, esta sí, es garantía de los derechos y deberes de todos: el Estado del Reino de España.

España en 2018 no es una nación de ciudadanos libres e iguales y no lo podrá ser mientras se mantenga el Estado de las Autonomías, un Estado que los españoles estamos condenados a sufrir como mejor podamos quien sabe hasta cuándo, como decía Quevedo que sabíamos hacer con los reyes malos. Urge reformar la Constitución, pero no para dar más competencias a los quejicas y chantajistas separatistas e «indepes», sino para formar de una vez un Estado serio. Si los vascos quieren un lendacari y los catalanes un unurapla y los castellano-manchecos un quesolari, que se lo paguen a escote. Para fomentar el desarrollo de lo rural en España, cuyo abandono clama al cielo, no hace falta un paisano con acento quejándose en el canal autonómico, sino un gobierno central fuerte y comprometido con un desarrollo integral de la nación, junto a una cámara territorial con funciones bien definidas y atribuciones más amplias, como podría ser ese senado que tantos quieren quitar. ¡Vamos, hombre! No quiten el senado. Denle fuerza y competencias territoriales claras y quiten las autonomías.

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